El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fecha en que se conmemoran en Argentina las muertes de civiles producidas por la última dictadura cívico-militar que gobernó el país bajo el nombre de «Proceso de Reorganización Nacional».
En dicha fecha, del año de 1976, se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y que fuera preparado con mucha anticipación, con la participación o anuencia de actores internos y externos pertenecientes a sectores militares, empresariales, eclesiásticos, partidarios e -incluso- sindicales; siendo centrales los roles de los militares Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Emilio Massera, del Consejo Empresario Argentino y de la inteligencia estadounidense.
El Golpe del 76 no fue un hecho aislado en el Cono Sur. En esa época, Argentina era el único país de la región que mantenía un régimen democrático: los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Plan económico y política laboral a partir del Golpe
El período iniciado a partir del Golpe no sólo se caracterizó por el terrorismo de Estado, la violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas o la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. También, constituyó modificaciones significativas en la economía argentina, inaugurados por el primer Ministro de Economía de la Dictadura, Alfredo Martínez de Hoz, que estuvieron apoyadas por las políticas laborales y represivas.
El plan económico iniciado por Martínez de Hoz, tenía como objetivo explicitado detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria con la finalidad de incrementar la competitividad de la economía argentina. El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. A la par Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios, produciéndose así una caída del nivel de vida de la población sin precedentes: caída del salario real, aumento de la pobreza, y sin mejoras en el nivel de empleo. El descontento social ante esta profunda reforma de las leyes laborales pudo ser contenido mediante la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva imperantes.
Para controlar la demanda de divisas y sostener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó, a fines de 1978, un sistema de devaluación programada, conocido como «la tablita» que, junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, promovería la especulación financiera. Estas medidas intentaban compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron a la par que las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.
El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada, se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación»
Fuentes: www.me.gov.ar , wikipedia.org.ar