La Legislatura porteña aprobó por unanimidad esta iniciativa cuyo proyecto se elaboró -no sin diferencias- a partir de las propuestas presentadas por todo el arco político, contemplando aportes de sindicatos, especialistas en salud y activistas docentes.
Los debates previos a la sanción de la norma se sucedieron durante el término de un año y medio e incluyeron la participación de expertos/as en Violencia de Género, y la de representantes de sindicatos docentes como UTE, CTERA, Ademys, Camyp, Sedeba y UDA.
La licencia, que se incorporará al Estatuto Docente, garantiza «una percepción íntegra de haberes a las y los docentes con carácter de titular, interino o suplente que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo».
Todas los sectores involucrados señalaron como positiva la consecución de la Ley, aunque en algunos casos también evidenciaron algunos de los límites de la norma, como es la imposibilidad de que la docente pueda pedir su reubicación en otra jurisdicción. También, plantearon la necesidad de que este derecho se extienda no sólo a las docentes de Nación sino a todas las trabajadoras.